Actualización de las obligaciones dinerarias

Abstract

La Ley 23.928 de Convertibilidad del Austral (1991), en sus artículos 7 y 10, prohíbe actualizar, indexar o repotenciar deudas de cualquier clase, imponiendo la cristalización nominal de las obligaciones sin excepción. Pese a los cambios en el contexto económico que motivaron su sanción, la norma de orden público continúa vigente por imperio de la Ley de Emergencia n° 25.561 (2002). Este trabajo analiza la constitucionalidad de dicha prohibición a la luz del derecho de propiedad consagrado en la Constitución Nacional. La hipótesis sostenida es que la veda, al impedir toda actualización del crédito frente a procesos inflacionarios sostenidos —como los verificados en las últimas décadas—, deviene irrazonable y lesiona el derecho de propiedad del acreedor, cuyo crédito se erosiona con el mero transcurso del tiempo.